Asistentes de Investigación Centro de Estudios Constitucionales

Seminario Régimen de Gobierno para un Chile del siglo XXI

Seminario Régimen de Gobierno para un Chile del siglo XXI

martes, 18 de octubre de 2016

Corte Europea de Derechos Humanos


Un nuevo video presentó la Corte Europea de Derecho Humanos. 

 Con la finalidad de dirigirse a un amplio  público, la corte europea explica su        funcionamiento, describe sus desafíos y  muestra el alcance de su actividad a  través de ejemplos jurisprudenciales.

miércoles, 12 de octubre de 2016

Publicaciones



Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Chile
Director: Dr. Gonzalo Aguilar Cavallo
Coordinadores: Ignacio Ramírez San Martín, Manuel Yáñez Espinoza

Los adultos mayores y su derecho a ser auxiliados.



                                                         Carolina Sandoval Pacheco 

El año 2014, el 15% de la población total correspondía a personas de “tercera edad” o “adultos mayores”, lo que para la cantidad de habitantes de la época era aproximadamente 2.687.637 de personas. Como Chile es un país cuya pirámide etérea es más ancha en los centros y más angosta hacia los extremos (es decir que en nuestro país prevalece la población adulta), según la proyección de un estudio realizado por INE-CELADE, para el año 2020 esta cantidad habrá ascendido a los 3.264.841 de personas. [1]

En el contexto de una sociedad que avanza sin mirar atrás y donde el individualismo se posiciona cada vez con más fuerza, no es nuevo escuchar, leer o ver en televisión algún reportaje relacionada con algún hombre o mujer de la tercera edad que ha sido encontrado en condiciones deplorables, desaseados, desnutridos, desorientados, en el más completo abandono, o simplemente sin vida.
Es entonces, cuando un ser humano se encuentra desposeído de todos sus derechos, salud, integridad física, mental, incluso la alimentación, que comenzamos a cuestionarnos cuál es el real sentido y alcance de la Dignidad Humana.  Dentro de la concepción de Jesús González Pérez, es “una cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable de todo y a cualquier ser humano, constituyendo un elemento que cualifica al individuo en cuanto tal, siendo una cualidad integrante e irrenunciable de la condición humana. Ella es asegurada, respetada, garantizada y promovida por el orden jurídico estatal e internacional, sin que pueda ser retirada a alguna persona por el ordenamiento jurídico, siendo inherente a su naturaleza humana; ella no desaparece por más baja y vil que sea la persona en su conducta y sus actos”  [2]

En este sentido es importante establecer cuándo se transgrede la Dignidad Humana del adulto mayor, dando origen a un abuso. La Organización Mundial de la Salud define el maltrato de las personas mayores como “un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto”[3]

Esta definición de la OMS permite percibir que el abuso o violencia se puede perpetrar de dos formas. La primera de ellas, y la más simple, es a través de una acción que rompa la esfera de resguardo de la persona, puede ser una agresión física o psicológica, incluyendo las agresiones sexuales, verbales y los golpes, es decir, todo aquello que implique una acción positiva que deje en pasión de vulnerabilidad o exposición al adulto mayor. En consecuencia, se requiere de un victimario, figura que generalmente recae sobre aquel que tiene el deber de cuidado del adulto mayor. 
La segunda de ellas se desprende de la oración, “o la falta de medidas apropiadas para evitarlo”. En este sentido se puede establecer que el abuso hacia adultos mayores también puede ser causado por la omisión de quienes se encuentran como guardadores de su esfera de protección.

En esta perspectiva se identifican dos posibles agresores. El primero de ellos es el Estado, el que, sin perpetrar acción positiva contra un adulto mayor, quiebra su esfera de protección al no ir adecuando ni implementando las políticas públicas de forma idónea. En otras palabras, si bien no les aparta expresamente su Dignidad Humana, como señala la definición acuñada por González, los deja morir en las peores condiciones pensadas para una persona. Situación que comprende la violación del derecho fundamental a una muerte digna, y el derecho a la integridad física y psicológica, que nuestra Constitución asegura a todas las personas.

Por otro lado, y más críticamente, son los hijos quienes toman el papel de agresores. Transgrediendo de esta forma el principio del Derecho de Familia del deber de cuidado que nace de una relación de filiación, tanto de los padres para con los hijos, como de los hijos para con los padres. En este último escenario, el principio se encuentra consagrado en el artículo 223 del Código Civil, que señala básicamente la obligación que tienen los hijos, aún emancipados, de auxiliar y prestar el socorro que necesitaren a sus padres, independiente de las circunstancias de la vida en que se encuentren. La misma norma menciona la ancianidad y demencia como posibles escenarios en que los padres pueden requerir el cuidado de sus hijos.

No obstante ¿Cómo estos padres, adultos mayores, pueden hacer valer este derecho de cuidado? No existe realmente un mecanismo que permita al adulto mayor defenderse, o exigir el auxilio de sus descendientes, que por ley le corresponde. Es cierto que existe la institucionalidad administrativa correspondiente (SENAMA), no obstante el artículo 223 del Código Civil y el ejercicio del derecho que contiene, descansan programáticamente, en la espera de que algún vecino, de buena voluntad, se aburra de ir a dejar comida, o de escuchar los gritos de miedo y desesperación provocados por la soledad y el abandono, o se aburra de ver la entrada del domicilio de un vecino de tercera edad llena de artefactos inútiles, reunidos sin tener un uso determinado. O hasta que simplemente los vecinos dejen de ver por varios días al “abuelito de al lado” y sientan preocupación por éste, donde muchas veces ya es demasiado tarde.





[2] González Pérez, J. La dignidad de la persona. Ed. Civitas. Madrid, 1986. p. 25
[3] Extraído de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/ Recuperado el 19-10-16. 

sábado, 1 de octubre de 2016

Foro Estudiantil: Palestina, en el seno de la comunidad de Estados. Jueves 06 de Octubre


El Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Talca Campus Santiago y el Centro de Estudios Constitucionales de Chile los invita a ustedes al siguiente Foro Estudiantil:

 "Palestina, en el seno de la comunidad de Estados".



En la actividad  conversaremos sobre la configuración política constitucional de la Palestina actual y el desarrollo sociocultural de la sociedad palestina. Para esto contaremos con la participación de  el Vicepresidente de la Federación Palestina de Chile Jaime Abedrapo, la profesora de Elaine Thomas, académica Universidad de Talca, Jorge López, Secretario General del Centro de Estudiantes de Derecho y el profesor de Derecho Constitucional y subdirector del Centro de Estudios Constitucionales Gonzalo Aguilar. 

El foro se realizará el día jueves 6 de Octubre a las 10:00 hrs. en el auditorio de la Universidad de Talca Campus Santiago, ubicado en Santa Elena #2222, San Joaquín, Metro Ñuble.

 Evento Facebook: 

Terminemos con la discriminación de género desde la raíz.



                                                  Jorge López Vega 

Hace algunas semanas Marina Ascencio, una niña de 11 años, manifestaba en una carta que envió al rector del Instituto Nacional y a la Presidenta de la República “quiero acceder al Instituto Nacional y encuentro injusto que solamente los hombres puedan dar la prueba y entrar en él”[1]. Las palabras de Marina expresan un sentir que se ha instalado poco a poco en la sociedad chilena, deseos de mayor igualdad en relación al trato con respecto de hombres y mujeres.

La educación en nuestro país replica la visión patriarcal y discriminatoria que se tiene con respecto a las mujeres. La vestimenta, los tipos de juegos, los colores de las prendas de vestir, los roles en la sociedad reproducen patrones de conducta y estereotipos que coartan la libertad de las mujeres para autodeterminar su propio proyecto de vida.

El Estado de Chile, a lo largo de su historia, ha replicado este tipo de conductas, tal es así que en 1813 crea el Instituto Nacional como primer liceo masculino. Tuvieron que pasar 79 años para la creación del primer liceo de niñas, el Liceo Fiscal Carlos Waddington (1892)[2]. Como si fuera poco, en el siglo XIX existía una diferencia de trato con respecto a la orientación educativa, en el Instituto Nacional se educaba jovenes para formar “hombres para la Republica” y en los liceos femeninos se les educaba a las niñas y adolescentes para ser buenas madres y dueñas de casa. Esta lógica de exclusión de la educación hacia las mujeres se mantuvo hasta bien avanzado el siglo XX.

La inclusión de las mujeres a la vida en sociedad; la vida política y en especial a la educación fue y sigue siendo una necesidad democrática. Sin embargo, aún existen varias barreras a las mujeres para desarrollarse con plenitud en la educación. Ejemplo de esto son la criminalización y la falta de apoyo a las secundarias que quedan embarazadas (en algunos casos son incluso expulsadas por su condición de gravidez), la carencia de apoyos para las estudiantes universitarias que son madres y prácticamente inexistencia de educación sexual como un aspecto esencial de la vida de todo ser humano.

Varios son los argumentos para acabar con la educación diferenciadas por sexos; Jorge Manzi de Mide UC señala "ha habido una tendencia internacional a la integración de niños y niñas en el aula, donde la socialización de género se da en un contexto más natural. La segregación no contribuye a las habilidades sociales"[3]. Manuel Sepúlveda, investigador de política educativa de Educación 2020, quien asegura que "si uno trata de poner en un primer lugar los objetivos que busca la educación, que habla de integración, lo que­­ uno busca es que la sala de clases hable de la realidad de un país y eso pasa por distintos tipos de cultura, sexo y nivel socioeconómico. Y los colegios mixtos avanzan en esa dirección"[4].

Si se sigue manteniendo esta lógica de discriminación, el Estado de Chile incurre en la violación de su artículo 1°, en el sentido de que la promoción de la educación diferenciada no estaría cumpliendo con el valor jurídico de la igualdad, el cual irradia todo el ordenamiento jurídico. De la misma forma, la mantención de este tipo de educación sería patentemente inconstitucional en el sentido de que viola el artículo 19 N°2 que prescribe que “Hombres y mujeres son iguales ante la ley” y atentaría contra el inciso segundo del artículo mencionado anteriormente por el hecho de que la educación dividida por género está justificada en “diferencias arbitrarias”, valoraciones que sólo se justifican en estereotipos, sobre la idea de que hombres y mujeres no pueden desarrollar su vida educacional y afectivo sexual en un mismo establecimiento educacional.

El Estado tampoco estaría cumpliendo con sus compromisos internacionales, específicamente con la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de las Mujeres (CEDAW) y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem Do Pará). Normativas de derecho internacional que obligan al Estado a erradicar la discriminación de género. El artículo 6° de la Convención de Belem Do Pará en su letra b) establece “el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Por lo que este tipo de educación estaría violando los derechos humanos de las mujeres que estudian en estos colegios.

Considero que la igualdad de trato y de acceso de la niñas, adolescentes y mujeres al desarrollo de la educación, es uno de los fundamentos de las sociedades democráticas. El Estado de Chile debe cumplir con el valor jurídico de la igualdad en cada una de las actividades que desarrolla y sobre todo adoptar medidas que tengan por objetivo igualar la situación de las mujeres con respecto a los hombres.




[1] Diario La Tercera, Edición del Domingo 18 de septiembre de 2016, p. 4.
[2] Ibíd., p. 2.
[4] Ibíd. 

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Interrupción del embarazo en Chile


                                                                                                           Cristina Artiga Navarro

El 6 de Septiembre del 2016, se informaba en distintos medios de comunicación que la Comisión de Salud del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto que despenaliza  la interrupción del embarazo en sus 3 causales (riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación). Chile es uno de los pocos países en el mundo que prohíbe a las mujeres interrumpir un embarazo en todas sus formas (junto a Nicaragua, El Salvador, El Vaticano y Malta) por lo que el hecho de que se esté discutiendo, aunque tardíamente, este tema fundamental para las mujeres, es digno de aplaudir.

Si bien mis creencias religiosas indican que debo defender la vida del que está por nacer, no puedo dejar de pensar que las concepciones morales de una parte de la sociedad, en base a una creencia religiosa, no deben ser las que decidan en la conciencia y vida de las mujeres que, por diversas razones, se ven en la necesidad de interrumpir su embarazo. Agrego además que es al Estado a quien corresponde el deber de brindar las condiciones necesarias para que se lleve a cabo de manera segura y digna para todas las mujeres, sin discriminación, ya que actualmente aquellas que tienen más recursos pueden realizárselo sin mayores dificultades, en cambio, las que tienen menos recursos pasan por situaciones de alto riesgo para su salud, sumado al riesgo de ir a la cárcel, lo que genera discriminación.


A fin de cuentas, se trata de dar a la mujer su derecho y de reconocer su capacidad de decidir, teniendo a su alcance la información, apoyo y ayuda necesaria junto a un método seguro para el desarrollo de dicha decisión, por lo que considero fundamental que el avance de la discusión del proyecto de ley sea positivo y a favor de las mujeres.

lunes, 26 de septiembre de 2016

El sueño chileno


Según los datos del Anuario Estadístico Nacional Migración en Chile 2005-2014, la cantidad de migrantes en 1995 era de 105 mil, cifra que se ha elevado a casi 411 mil en 2014. La mayoría proviene de países fronterizos: el 41,8% de Bolivia y 28,6% de Perú, mientras que los colombianos son el 11% en 2014, subiendo en 9,4% en los últimos nueve años.[1] Estos datos nos señalan que los flujos migratorios no sólo van creciendo, sino también se van diversificando. La población migrante es altamente excluida y esto se acrecienta cuando su situación migratoria es irregular: trabajando en condiciones extremadamente precarias, al límite de la explotación, soportando tanto la discriminación social, como del Estado, viviendo con el temor e incertidumbre.

El Decreto Ley N° 1094 -sobre Extranjería y Migraciones- actualmente en vigencia, dictado en 1975 por el régimen militar, responde a un paradigma de seguridad nacional, al cual subyace una lógica altamente restrictiva y con énfasis en evitar la llegada de inmigrantes que tuvieran participación política. Lo anterior se refleja gráficamente al prohibirse la entrada a Chile a “los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno”. Asimismo, el Reglamento de nuestra ley de migración (DL N° 1094 de 1975), en su artículo 15 dispone que para otorgar visas de residentes los extranjeros deben efectuar una declaración jurada en la que se comprometan “a no participar durante su permanencia en Chile en la política interna ni en actos que puedan inferir molestias a los Gobiernos con los cuales se mantienen relaciones amistosas y a respetar y cumplir la Constitución Política, las leyes y demás disposiciones que rijan en el territorio de la República”, elementos que nos ayudan a caracterizar el contexto que marcó base conceptual. Frente a la realidad migratoria actual, se ha generado una resistencia a la inmigración apuntalada con prejuicios e ignorancia bajo la falsa conciencia de que, en general, se trata de un problema y nunca de un enriquecimiento. Se genera una tensión a nivel cultural fomentada por la agenda política y la propia institucionalidad, dado que se han mantenido imaginarios socioculturales rígidos al naturalizarse discursos, políticas y un marco normativo que peca de anacrónico. La estrictez con que se aborda el fenómeno migratorio es una manera de socavar la eficacia de la norma, puesto que la realidad ha superado con creces el ámbito que buscaba regularse mediante el DL N°1094, que viene a ser, en los hechos, la ley migratoria más antigua de la región.

Algunos ejemplos de los problemas que se generan con ocasión del anacronismo de la mentada normativa y la falta de políticas públicas en la materia:

- Negativa al reconocimiento de la nacionalidad chilena a niños porque sus padres se encontraban en irregularidad migratoria al momento de nacer (Estado chileno les otorgaba la categoría de "hijos de extranjeros transeúntes". El caso de los "niños sin patria" han sido calificados como una "flagrante violación de la Convención de Derechos Humanos". Finalmente prosperó un cambio de criterio);

- Problemas con los traslados de ahorros previsionales, toda vez que el sistema de AFP en Chile retiene los fondos de pensiones de todos los migrantes que no tienen títulos profesiones o técnicos reconocidos en Chile  y quieran jubilarse en su país de origen,

- Implementación discriminatoria de gratuidad, al beneficiar sólo a estudiantes con dos años de residencia definitiva en Chile, siendo el criterio para optar a la gratuidad de tipo socioeconómico y no el de residencia;

- Problemas con procesos de inscripción para la rendición de la prueba de selección universitaria en el caso de estudiantes migrantes con RUT/matrícula provisoria; 

- Entorpecimientos en la homologación de títulos profesionales de inmigrantes, resultantes del monopolio entregado a la Universidad de Chile; 

- Falta de estímulos administrativos y tributarios para inmigrantes calificados;

- Necesidad de visa de trabajo para poder ser contratado, aun cuando la mayoría de los inmigrantes llegan a Chile en calidad de turistas; 

- Sobreburocratización de trámites encaminados a regularizar situación migratoria;

- Pérdida de la visa sujeta a contrato como consecuencia del término de la relación laboral (con un empleador específico), debiendo volver a realizarse el trámite de la visa nuevamente;

- Prácticas abusivas por parte de empleadores chilenos que aprovechan la precariedad de la visa sujeta a contrato (lo que se ha venido atemperando mediante el establecimiento de una nueva visa de trabajo más flexible);

Como puede apreciarse, el marco normativo vigente no otorga las herramientas idóneas para establecer una nueva institucionalidad que logre abordar temas de extranjería e inmigración, haciéndose cargo de la implementación de políticas públicas en orden a permitir la inserción laboral, el aprendizaje del idioma, y en definitiva, la integración de quienes buscan radicarse en nuestro país. El criterio de apertura debe ser abierto y no selectivo porque la experiencia comparada demuestra que las legislaciones restrictivas generan un efecto paradójico respecto de los objetivos que persiguen porque no se atienen a la realidad objetiva.

En mi opinión, la sociedad chilena, debiese aprovechar la riqueza de la multiculturalidad, y participar en la construcción de un país democrático, desarrollado e inclusivo, en donde, para erradicar la discriminación sufrida por la población de migrantes, es necesaria una política estatal integral y coherente inspirada por una base conceptual que se haga eco tanto de los principios constitucionales; el respeto, promoción y garantías de los derechos fundamentales de las personas migrantes, como del derecho internacional de los derechos humanos, cumpliendo el Estado de Chile con sus compromisos internacionales en materia de la erradicación total e incondicional de toda forma de discriminación e intolerancia y, al mismo tiempo, ratifique nuevas herramientas pertinentes.

Es tiempo de que los problemas actuales de la migración sean parte de la agenda política y sean tema de discusión en los hogares, trabajos, escuelas, liceos y universidades, etc. para aportar a las soluciones del Chile que estamos gestando como sociedad, donde el Estado debe redefinir su rol para pasar a ser un garante efectivo de los derechos fundamentales. Basta ya de soluciones privadas a problemas públicos.