Cecoch

Seminario Régimen de Gobierno para un Chile del siglo XXI

Seminario Régimen de Gobierno para un Chile del siglo XXI

jueves, 23 de noviembre de 2017

Seminario Internacional: Observatorio de la Jurisdicción Constitucional Norteamericana 2017"

Miércoles 29 (Santiago) y Jueves 30 (Talca) de Noviembre, a las 9.30 hrs.



Corte IDH aplica por primera vez en forma directa el artículo sobre derechos sociales



La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Lagos del Campo v. Perú, sentencia de fecha 31 de agosto de 2017, por primera vez, declaró la violación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta decisión representa un hito histórico en la jurisprudencia interamericana y un paso hacia adelante en la región en la interdependencia e indivisibilidad de los derechos civiles y políticos y los DESCA.  

Según el fallo de la Corte, el Estado peruano violó el derecho al trabajo en relación a las garantías a la estabilidad laboral y la libertad de asociación con fines laborales del señor Lagos del Campo por no protegerlo ante el despido arbitrario del que fue víctima en 1989 como consecuencia de declaraciones dadas, en su calidad de representante de trabajadores, a un medio de prensa respecto de su empleador, una empresa privada. En relación con los derechos protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana, la Corte IDH manifestó que son aquellos derivados de las normas en materia económica, social, y de educación, ciencia y cultura de la Carta de la OEA; definidos a su vez por los derechos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. 

La reciente decisión de la Corte Interamericana en relación con la efectiva aplicación del artículo 26 de la Convención Americana en el análisis de casos sienta no sólo uno de los precedentes más importantes en la jurisprudencia regional sobre la materia; además avanza a nivel global en el fortalecimiento de una visión de protección integral y conjunta de los derechos humanos superando divisiones y categorías políticamente construidas que interfieren con el respeto y la garantía de la dignidad de la persona humana. La posibilidad de exigir jurídicamente y de manera vinculante el respeto y garantía de los DESCA a través de los órganos del Sistema Interamericano permitirá desarrollar y definir progresivamente el contenido de cada uno de estos derechos y las obligaciones de los Estados Partes en relación con ellos, facilitando la formulación de políticas públicas adecuadas y estableciendo estándares y lineamientos regionales para su efectivo disfrute y realización, en especial respecto de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad.  

Este es un paso trascendental en la consolidación de la jurisprudencia interamericana en materia de DESCA, hasta ahora desarrollada por la vía de conexidad con derechos tradicionalmente considerados como civiles y políticos (por ejemplo en materia de salud y ciertos componentes de seguridad social;  como a través de la aplicación del artículo 13 del Protocolo de San Salvador relativo al derecho a la educación) y llama a los Estados a dar cumplimiento efectivo del marco normativo del sistema en la materia conforme a los estándares desarrollados por la Comisión y por la Corte Interamericanas, así como de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador. Asimismo, hace un especial llamado a la sociedad civil a aunar esfuerzos para el uso estratégico de las herramientas del Sistema Interamericano con el objeto de cristalizar la efectiva protección de las personas y colectivos víctimas de violaciones a sus DESCA en la región.  
Publicado el 23 de Noviembre de 2017. 

Ver la decisión aquí

miércoles, 8 de noviembre de 2017

"Seminario internacional y taller sobre competencias de Tribunales y Cortes Constitucionales de América del Sur 2017"

El Centro de Estudios Constitucionales de Chile (Cecoch) ha organizado con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer y el patrocinio de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, el Seminario Internacional y Taller sobre Competencias de Tribunales y Cortes Constitucionales de América del Sur, que debe realizarse los días jueves 9 y viernes 10 de noviembre de 2017.


domingo, 21 de mayo de 2017

Bienvenido al Blog del Centro de Estudios Constitucionales.


Acerca de Nosotros.

El equipo de Asistentes de Investigación del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, es un grupo de estudiantes de la Universidad de Talca, quienes, con un incombustible interés por el Derecho Público, dedican parte de su tiempo a realizar investigaciones en este gran continente, logrando profundizar en distintas ramas del mismo.  Las investigaciones realizadas por estos estudiantes se desarrollan con el objetivo de transmitir conocimiento y generar un debate consiente de los temas contingentes entre cada uno de los lectores y visitantes de este blog.


 Campus Santiago 






 Cristina Artiga   


                                   


 

  Javiera Astudillo








Pamela Castillo






   
     
  Jorge López









  Camila Martínez







  Nicole Muñoz







 Macarena Sepúlveda








              
                                         
                                           

Marcelo Zavala 








                                                                                Campus Talca

                                      Carla Arriagada





Javiera Carsalade 








  Diego Gallardo




       



  Daniela Henríquez 




Paulina Ortega








Romina Ortega







         

Josefa Morales




    
                                         
                                     



Javier Ramírez






                                                        León Rivera


  


Ignacio Pizarro





                                                      Gloria Poblete


miércoles, 12 de octubre de 2016

Publicaciones: "Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Chile. Año 2015"

Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Chile. Año 2015

Director: Dr. Gonzalo Aguilar Cavallo
Coordinadores: Ignacio Ramírez San Martín, Manuel Yáñez Espinoza


El Centro de Estudios Constitucionales de Chile ha publicado el libro titulado “Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Chile. Año 2015”. Éste es el resultado del permanente esfuerzo y dedicación de los Asistente de Investigación del Cecoch, los que dirigidos por el profesor Dr. Gonzalo Aguilar Cavallo, han realizado el seguimiento de un grupo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Chile durante el año 2015. El Informe incluye un reporte de la actualidad sobre estos derechos, una relevación de la doctrina, de la jurisprudencia y de los proyectos de ley más destacados, a propósito de cada uno de os derechos abordados. La primera versión de este Informe, que corresponde al año 2015, trata los siguientes derechos: Derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación; Derecho a la educación; Derechos de sindicación y negociación colectiva y el Derecho al agua.  El objetivo de este trabajo es proporcionar una vista panorámica de los hechos y acontecimientos ocurridos durante el año 2015 en relación a los derechos ya mencionados. El Informe ha nacido con una vocación de largo plazo, por lo que el Cecoch está empeñado en proporcionar a la ciudadanía y comunidad interesada este reporte todos los años. Es por ello que en este momento se encuentra en edición el Informe del año 2016. El primer informe fue editado y publicado en marzo de 2017, en Santiago de Chile, por la editorial Triángulo.

Ver documento. 

Opinión " Los adultos mayores y su derecho a ser auxiliados"

                                             
El año 2014, el 15% de la población total correspondía a personas de “tercera edad” o “adultos mayores”, lo que para la cantidad de habitantes de la época era aproximadamente 2.687.637 de personas. Como Chile es un país cuya pirámide etérea es más ancha en los centros y más angosta hacia los extremos (es decir que en nuestro país prevalece la población adulta), según la proyección de un estudio realizado por INE-CELADE, para el año 2020 esta cantidad habrá ascendido a los 3.264.841 de personas. [1]

En el contexto de una sociedad que avanza sin mirar atrás y donde el individualismo se posiciona cada vez con más fuerza, no es nuevo escuchar, leer o ver en televisión algún reportaje relacionada con algún hombre o mujer de la tercera edad que ha sido encontrado en condiciones deplorables, desaseados, desnutridos, desorientados, en el más completo abandono, o simplemente sin vida. 

Es entonces, cuando un ser humano se encuentra desposeído de todos sus derechos, salud, integridad física, mental, incluso la alimentación, que comenzamos a cuestionarnos cuál es el real sentido y alcance de la Dignidad Humana. Dentro de la concepción de Jesús González Pérez, es “una cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable de todo y a cualquier ser humano, constituyendo un elemento que cualifica al individuo en cuanto tal, siendo una cualidad integrante e irrenunciable de la condición humana. Ella es asegurada, respetada, garantizada y promovida por el orden jurídico estatal e internacional, sin que pueda ser retirada a alguna persona por el ordenamiento jurídico, siendo inherente a su naturaleza humana; ella no desaparece por más baja y vil que sea la persona en su conducta y sus actos” [2]

En este sentido es importante establecer cuándo se transgrede la Dignidad Humana del adulto mayor, dando origen a un abuso. La Organización Mundial de la Salud define el maltrato de las personas mayores como “un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto”[3]


Esta definición de la OMS permite percibir que el abuso o violencia se puede perpetrar de dos formas. La primera de ellas, y la más simple, es a través de una acción que rompa la esfera de resguardo de la persona, puede ser una agresión física o psicológica, incluyendo las agresiones sexuales, verbales y los golpes, es decir, todo aquello que implique una acción positiva que deje en pasión de vulnerabilidad o exposición al adulto mayor. En consecuencia, se requiere de un victimario, figura que generalmente recae sobre aquel que tiene el deber de cuidado del adulto mayor. 


La segunda de ellas se desprende de la oración, “o la falta de medidas apropiadas para evitarlo”. En este sentido se puede establecer que el abuso hacia adultos mayores también puede ser causado por la omisión de quienes se encuentran como guardadores de su esfera de protección. 


En esta perspectiva se identifican dos posibles agresores. El primero de ellos es el Estado, el que, sin perpetrar acción positiva contra un adulto mayor, quiebra su esfera de protección al no ir adecuando ni implementando las políticas públicas de forma idónea. En otras palabras, si bien no les aparta expresamente su Dignidad Humana, como señala la definición acuñada por González, los deja morir en las peores condiciones pensadas para una persona. Situación que comprende la violación del derecho fundamental a una muerte digna, y el derecho a la integridad física y psicológica, que nuestra Constitución asegura a todas las personas. 


Por otro lado, y más críticamente, son los hijos quienes toman el papel de agresores. Transgrediendo de esta forma el principio del Derecho de Familia del deber de cuidado que nace de una relación de filiación, tanto de los padres para con los hijos, como de los hijos para con los padres. En este último escenario, el principio se encuentra consagrado en el artículo 223 del Código Civil, que señala básicamente la obligación que tienen los hijos, aún emancipados, de auxiliar y prestar el socorro que necesitaren a sus padres, independiente de las circunstancias de la vida en que se encuentren. La misma norma menciona la ancianidad y demencia como posibles escenarios en que los padres pueden requerir el cuidado de sus hijos. 

No obstante ¿Cómo estos padres, adultos mayores, pueden hacer valer este derecho de cuidado? No existe realmente un mecanismo que permita al adulto mayor defenderse, o exigir el auxilio de sus descendientes, que por ley le corresponde. Es cierto que existe la institucionalidad administrativa correspondiente (SENAMA), no obstante el artículo 223 del Código Civil y el ejercicio del derecho que contiene, descansan programáticamente, en la espera de que algún vecino, de buena voluntad, se aburra de ir a dejar comida, o de escuchar los gritos de miedo y desesperación provocados por la soledad y el abandono, o se aburra de ver la entrada del domicilio de un vecino de tercera edad llena de artefactos inútiles, reunidos sin tener un uso determinado. O hasta que simplemente los vecinos dejen de ver por varios días al “abuelito de al lado” y sientan preocupación por éste, donde muchas veces ya es demasiado tarde. 





Carolina Sandoval Pacheco. 

Publicado el 12 de Octubre de 2016.








[2] González Pérez, J. La dignidad de la persona. Ed. Civitas. Madrid, 1986. p. 25
[3] Extraído de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/ Recuperado el 19-10-16. 

sábado, 1 de octubre de 2016

Foro Estudiantil: Palestina, en el seno de la comunidad de Estados. Jueves 06 de Octubre


El Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Talca Campus Santiago y el Centro de Estudios Constitucionales de Chile los invita a ustedes al siguiente Foro Estudiantil:

 "Palestina, en el seno de la comunidad de Estados".



En la actividad  conversaremos sobre la configuración política constitucional de la Palestina actual y el desarrollo sociocultural de la sociedad palestina. Para esto contaremos con la participación de  el Vicepresidente de la Federación Palestina de Chile Jaime Abedrapo, la profesora de Elaine Thomas, académica Universidad de Talca, Jorge López, Secretario General del Centro de Estudiantes de Derecho y el profesor de Derecho Constitucional y subdirector del Centro de Estudios Constitucionales Gonzalo Aguilar. 

El foro se realizará el día jueves 6 de Octubre a las 10:00 hrs. en el auditorio de la Universidad de Talca Campus Santiago, ubicado en Santa Elena #2222, San Joaquín, Metro Ñuble.

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