Asistentes de Investigación Centro de Estudios Constitucionales

Seminario Régimen de Gobierno para un Chile del siglo XXI

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lunes, 29 de agosto de 2016

CORTE DE VALDIVIA ORDENA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PANGUIPULLI PAGAR INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Valorarle decisión la que hace la Corte de Apelaciones de Valdivia al conocer del recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia emanada  por el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli por sobre despido con vulneración de derechos fundamentales.

La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió –el pasado viernes 26 de agosto– el recurso de nulidad interpuesto por Claudia Mónica Reinoso Faúndez en contra de la sentencia dictada el 29 de junio pasado, por el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli, que desestimó la demanda de despido con vulneración de derechos fundamentales y la subsidiaria de despido injustificado, interpuestas en contra de la Corporación Municipal de Panguipulli.
En fallo unánime (causa rol 87-2016), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mario Julio Kompatzki, Darío Carretta y el abogado (i) Claudio Novoa– acogió la petición principal de la demandante  por considerar que en el fallo de primera instancia "se advierte (…) la falta de adecuada valoración de elementos de prueba que de manera jurídica y lógica debieran determinar el acogimiento de la demanda por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido". La resolución agrega que existen "(…) indicios suficientes de vulneración de derechos fundamentales a la honra e integridad psíquica de la demandante Claudia Reinoso Faúndez, desde el mes de mayo del año 2014, los cuales se prolongaron y culminaron con la orden de su empleador para incoar sumario administrativo en el mes de mayo de 2015 por un hecho puntual suscitado en el mes de abril del año 2014, correspondía a la demandada Corporación Municipal  de Panguipulli, desvirtuar tales indicios". Por lo que el tribunal de alzada dictó una sentencia de reemplazo, ordenandp a la empleadora Corporación Municipal de Panguipulli "indemnizar a la demandante por los siguientes conceptos: a) $2.787.013.- como Indemnización sustitutiva de aviso previo; b) $30.657.143.- como Indemnización por años de servicios; c) $24.525.714.- como recargo de letra c) del artículo 168 del Código del Trabajo, y d).- $16.722.078, equivalente a seis meses de remuneración, como indemnización por vulneración de derechos fundamentales. Estos montos se reajustarán y devengarán intereses del artículo 173 del Código del Trabajo".

Fallos:

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia: 



 Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli:

lunes, 15 de agosto de 2016

Seminario Internacional 18 y 19 de Agosto, Auditorio CECOCH, Providencia 415

Seminario Internacional

 "Análisis del parámetro de control de convencionalidad y valor de los estándares fijados por la jurisprudencia de la Corte IDH".




18 y 19 de Agosto, Auditorio CECOCH, Quebec 415, Providencia.

La CIDH respalda anulación de la Ley de Amnistía en el Salvador

A través de una histórica decisión jurisdiccional El Salvador declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. 
Corte Suprema de Justicia.
Con fecha 13 de julio de 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dictó una sentencia a través de la cual declaraba la inconstitucionalidad respecto de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Esta ley se constituyó, desde su adopción el 20 de marzo de 1993, en un obstáculo insuperable en la búsqueda de justicia para miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares. La esperanza de paz y justicia tras la firma de los Acuerdos de Chapultepec el 16 de enero de 1992 se vio ensombrecida por la adopción de la Ley de Amnistía, adoptada días después de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, “De la locura a la esperanza”, el 15 de marzo de 1993.
Citando a la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales en la materia, la Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la cuestionada ley, “debido a que la extensión objetiva y subjetiva de la amnistía es contraria al derecho de protección de los derechos fundamentales […], porque impide el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a dichos derechos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó desde los años noventa que la ley de amnistía de El Salvador era incompatible con las obligaciones internacionales del Estado y urgió en reiteradas ocasiones a su eliminación del ordenamiento jurídico interno, destacando la necesidad de adoptar las medidas necesarias para asegurar que las víctimas tuvieran acceso eficaz a la protección judicial y a las garantías judiciales. En 1993, la CIDH remitió una carta al Presidente de El Salvador recomendando que vetara la Ley de Amnistía por considerar que la misma conduciría al eventual incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. Asimismo, en enero de 1999, en el caso Lucio Parada Cea y otros, la Comisión concluyó que al aprobar y aplicar la Ley General de Amnistía, el Estado salvadoreño violó el derecho a las garantías judiciales. En diciembre de 1999, en el caso Ignacio Ellacuría S.J y otros, la Comisión determinó que la ley de amnistía, al consagrar la impunidad en casos de graves violaciones de los derechos humanos, eliminaba legalmente el derecho a la justicia establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues imposibilitaba una investigación efectiva de las violaciones de los derechos humanos, el procesamiento y sanción de todas aquellas personas involucradas y la reparación del daño causado. La Comisión se pronunció en similar sentido en el Informe de Fondo sobre el caso de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, aprobado en el año 2000, entre otros.
La aplicación directa o indirecta de la ley de amnistía en asuntos conocidos por la CIDH y por la Corte Interamericana, como el caso Monseñor Romero (1980), Rochac Hernández y otros (1980), y Contreras y otros (1981), la Masacre de El Mozote y lugares aledaños (1981), la desaparición de las Hermanas Serrano Cruz (1982), la Masacre de Las Hojas (1983), la ejecución extrajudicial de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres (1989), entre otros, resultaron en la determinación de la responsabilidad del Estado salvadoreño por violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Como ya lo ha dicho la CIDH anteriormente, “toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”. Por su parte, los Estados tienen el deber jurídico irrenunciable de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente, con los medios a su alcance, las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.
Junto con la CIDH, saludamos este fallo histórico como un hito en el camino de El Salvador hacia la verdad, la justicia y la reparación, al eliminarse los obstáculos que la Ley de Amnistía representaba para la investigación de los graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado interno, la identificación de sus responsables, la aplicación de sanciones, y la determinación de reparaciones justas. Asimismo, dado que la situación de impunidad en que se encuentran estos graves crímenes propicia su repetición, los avances en la obtención de justicia de estos casos también permitirán prevenir futuras violaciones a los derechos humanos.
Con esta decisión, El Salvador ha dado cumplimiento a decisiones adoptadas por el sistema interamericano de derechos humanos de la década de los noventa.
Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

domingo, 14 de agosto de 2016

Foro: "Soberanía del Agua en Chile" 25 de Agosto de 2016



Profesor Gonzalo Aguilar Cavallo
Centro de Estudios Constitucionales.

Patricio Cavieres 
Asamblea de Agua y Soberanía.
Puente Alto.

JUEVES 25 DE AGOSTO.
Auditorio de la Universidad de Talca.
Campus Santiago. 

Derecho a la Salud en Peligro

La incertidumbre de los médicos extranjeros

En diciembre se vence plazo para que 1.112 profesionales titulados en el extranjero, contratados en la red pública de salud sin el Eunacom regularicen situación. De ellos, 507 aún no aprueban y corren riesgo de tener que salir del sistema.

En nuestro país el derecho a la salud se encuentra en un estado de permanente inestabilidad, partiendo porque la Constitución no protege de forma amplia el derecho a la salud sino que sólo tutela  la posibilidad de elegir entre un sistema de salud privado o público, además de que el Estado durante la década de los 80 delegó su responsabilidad en materia de salud hacia las municipalidades, multiplicando las desigualdades  existentes entre las comunas más pobres y las más ricas. 

Genera mucha preocupación esta noticia puesto que "gran parte de las dotaciones médicas de los consultorios son profesionales titulados en el extranjero" que en el caso de no aprobar el Examen Único Nacional de Conocimientos Médicos (EUNECOM) podrían generar un "aumento de la listas de espera e incrementar el tiempo que las personas aguardan para una consulta o un cirugía, que hoy puede llegar  hasta 3 años  en algunas regiones y especialidades".  

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-692524-9-la-incertidumbre-de-los-medicos-extranjeros.shtml/

Noticias destacadas de El salvador

La CIDH respalda anulación de la Ley de Amnistía en El Salvador

A través de una histórica decisión jurisdiccional El Salvador declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. 
Corte Suprema de Justicia.
Con fecha 13 de julio de 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dictó una sentencia a través de la cual declaraba la inconstitucionalidad respecto de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Esta ley se constituyó, desde su adopción el 20 de marzo de 1993, en un obstáculo insuperable en la búsqueda de justicia para miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares. La esperanza de paz y justicia tras la firma de los Acuerdos de Chapultepec el 16 de enero de 1992 se vio ensombrecida por la adopción de la Ley de Amnistía, adoptada días después de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, “De la locura a la esperanza”, el 15 de marzo de 1993.
Citando a la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales en la materia, la Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la cuestionada ley, “debido a que la extensión objetiva y subjetiva de la amnistía es contraria al derecho de protección de los derechos fundamentales […], porque impide el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a dichos derechos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó desde los años noventa que la ley de amnistía de El Salvador era incompatible con las obligaciones internacionales del Estado y urgió en reiteradas ocasiones a su eliminación del ordenamiento jurídico interno, destacando la necesidad de adoptar las medidas necesarias para asegurar que las víctimas tuvieran acceso eficaz a la protección judicial y a las garantías judiciales. En 1993, la CIDH remitió una carta al Presidente de El Salvador recomendando que vetara la Ley de Amnistía por considerar que la misma conduciría al eventual incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. Asimismo, en enero de 1999, en el caso Lucio Parada Cea y otros, la Comisión concluyó que al aprobar y aplicar la Ley General de Amnistía, el Estado salvadoreño violó el derecho a las garantías judiciales. En diciembre de 1999, en el caso Ignacio Ellacuría S.J y otros, la Comisión determinó que la ley de amnistía, al consagrar la impunidad en casos de graves violaciones de los derechos humanos, eliminaba legalmente el derecho a la justicia establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues imposibilitaba una investigación efectiva de las violaciones de los derechos humanos, el procesamiento y sanción de todas aquellas personas involucradas y la reparación del daño causado. La Comisión se pronunció en similar sentido en el Informe de Fondo sobre el caso de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, aprobado en el año 2000, entre otros.
La aplicación directa o indirecta de la ley de amnistía en asuntos conocidos por la CIDH y por la Corte Interamericana, como el caso Monseñor Romero (1980), Rochac Hernández y otros (1980), y Contreras y otros (1981), la Masacre de El Mozote y lugares aledaños (1981), la desaparición de las Hermanas Serrano Cruz (1982), la Masacre de Las Hojas (1983), la ejecución extrajudicial de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres (1989), entre otros, resultaron en la determinación de la responsabilidad del Estado salvadoreño por violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Como ya lo ha dicho la CIDH anteriormente, “toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”. Por su parte, los Estados tienen el deber jurídico irrenunciable de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente, con los medios a su alcance, las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.
Junto con la CIDH, saludamos este fallo histórico como un hito en el camino de El Salvador hacia la verdad, la justicia y la reparación, al eliminarse los obstáculos que la Ley de Amnistía representaba para la investigación de los graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado interno, la identificación de sus responsables, la aplicación de sanciones, y la determinación de reparaciones justas. Asimismo, dado que la situación de impunidad en que se encuentran estos graves crímenes propicia su repetición, los avances en la obtención de justicia de estos casos también permitirán prevenir futuras violaciones a los derechos humanos.
Con esta decisión, El Salvador ha dado cumplimiento a decisiones adoptadas por el sistema interamericano de derechos humanos de la década de los noventa.
Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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